Apoyamos la llamada de las entidades eclesiales que reclaman una regularización extraordinaria como acto de justicia social.

En Acrescere, nos suscribimos y adherimos a este manifiesto que celebra el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en España. Además, fuimos una de la entidades sociales que recogimos firmas en favor de la Iniciativa Legislativa Popular, que se presentó en el Congreso, y que recogió cerca de 700 mil firmas. Este movimiento social ha sido el origen de esta regularización.

Las entidades impulsoras —REDES, CONFER, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española— consideran esta regularización un acto de justicia social y un reconocimiento a las personas migrantes que, pese a encontrarse en situación administrativa irregular, contribuyen desde hace años al desarrollo económico y social de nuestro país.

Este proceso se plantea como un complemento necesario al actual Reglamento de Extranjería, que, aunque ha supuesto avances relevantes, deja fuera a numerosos colectivos especialmente vulnerables. Las entidades que trabajan en el acompañamiento directo constatan a diario que muchas personas no pueden acogerse a las vías ordinarias de regularización por razones ajenas a su voluntad.

Entre ellas se encuentran personas que no pueden acreditar el tiempo de permanencia requerido, personas indocumentadas, quienes presentan especiales dificultades de acceso al empleo, solicitantes de protección internacional con resolución denegada o familias con niños y niñas que permanecen en situación administrativa irregular, con el consiguiente riesgo de exclusión social.

Los datos reflejan con claridad esta realidad: según el IX Informe FOESSA, el 68 % de las personas migrantes en situación administrativa irregular se encuentra en exclusión social. Asimismo, casi la mitad de las personas acompañadas por Cáritas en 2024 no tenía regularizada su situación, una cifra que continúa aumentando.

Desde Acrescere valoramos de manera muy positiva el amplio respaldo social a esta iniciativa, fruto de un proceso participativo que ha contado con más de 900 organizaciones y más de 600.000 firmas, así como el diálogo sostenido con actores políticos y sociales en los últimos años.

Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con una regularización extraordinaria que garantice derechos, reduzca la exclusión social y ponga en el centro la dignidad de las personas.