Este informe, presentado en Febrero de 2018 por UNICEF Comité Madrid sobre la situación de la infancia en la región, realizado junto a la Fundación Tomillo, analiza la situación de los niños y niñas de la comunidad en materia de pobreza, desigualdad, educación, protección y cooperación al desarrollo, mediante una metodología que utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Este indicador sitúa a la comunidad a la cabeza de la desigualdad infantil en España, igualada con la comunidad canaria, y 2 puntos por encima de la media nacional. Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid. Agenda 2030 analiza el riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en el que vive el 29% de los niños y niñas en Madrid (343.948), y la desigualdad, donde Madrid registra un índice del 10'2, lo que significa que el 20% de los niños más ricos tiene 10 veces más recursos económicos que el 20% de los niños más pobres.

Por otro lado, en el ámbito educativo, en Madrid, la tasa de escolarización infantil de 0 a 2 años se sitúa en torno al 43,7%, la segunda más alta del país, solo por detrás del País Vasco. Con respecto a la tasa de abandono escolar, Madrid se encuentra 5 puntos por debajo de la media nacional, con un 14'6%. Y en cuanto a protección, de los más de 4.000 niños en acogimiento en Madrid, cerca del 40% se encuentran en un centro de protección, mientras que más del 60% viven acogidos por familias.

En base a sus conclusiones del informe, se han hecho una serie de recomendaciones sobre aquellos asuntos que debe recoger el Pacto para mejorar la situación de la infancia en la Comunidad:

• Luchar contra la pobreza infantil y por la inclusión social de la infancia, a través de la adopción de medidas específicas como la creación de una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros al año, empezando por las familias más vulnerables.
• Garantizar un sistema educativo inclusivo y de calidad, a través de un acuerdo social amplio que dé estabilidad al sistema educativo y permita aumentar la inversión pública en educación hasta recuperar en 2020 la inversión media por alumno en la educación pública del año 2009, y alcanzar en 2030 la inversión del 7% del PIB autonómico.
• Reforzar la protección de los niños y niñas más vulnerables, a través de la promoción del acogimiento familiar, el fortalecimiento del enfoque preventivo, y la dotación de recursos adecuados y suficientes para garantizar que los niños reciben la atención que necesitan, en especial cuando tienen necesidades especiales.
• Garantizar una política autonómica sólida de cooperación al desarrollo, que incremente la inversión de fondos de Ayuda Oficial Directa (AOD) de manera sostenida y previsible, hasta alcanzar el 0,25% del presupuesto autonómico en 2020 y el 0,7% en 2030.